Una educación de calidad es absolutamente imprescindible. Preservar este derecho y poder garantizarlo es indispensable en cualquier sociedad porque es el medio más eficiente para salir de la pobreza.
Pero no sólo para salir de la pobreza. Acabar con la violencia de género, terminar con estigmas muy integrados en la mentalidad de nuestra sociedad, crear seres humanos compasivos, abiertos de mente, tolerantes y justos depende 100% de la educación que reciban.
Por estos motivos este derecho es tan básico e importante. El derecho a la educación está recogido como un derecho fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. La intención es garantizarlo a nivel global, pero la práctica es muy distinta.
Las metas del cuarto Objetivo estaban lejos de ser cumplidas en 2030. Antes de la pandemia, 160 millones de niños y niñas, es decir, un quinto de la población infantil mundial estaba sin escolarizar.
Además, la ONU ha calculado que más del 55% de los niños, niñas y adolescentes de todo el planeta no están alcanzando los estándares mínimos en lectura y matemáticas requeridos para continuar sus estudios. Este dato nos indica también que no todos los niños y niñas escolarizados están aprendiendo o lo están haciendo en las mejores condiciones, es decir, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes del mundo no estarán preparados para participar en el sistema económico global.
A día de hoy, tras dos años y medio de pandemia, según los últimos datos disponibles de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 258 millones de niños y niñas no van a la escuela, y además 67 millones no saben ni leer ni escribir.
Como siempre, las desigualdades están presentes y estas carencias educativas se presentan sobre todo en países y regiones con pocos recursos. Concretamente, África subsahariana lidera este ranking, seguida de gran parte de las regiones del centro y sur del continente asiático, situándose en tercer lugar ciertas regiones latinoamericanas y caribeñas. Estas zonas están teniendo graves problemas para garantizar la educación a su población infantil y adolescente. En Sudán, por ejemplo, el 72% de los niños y niñas no van a la escuela. Este dato es inconcebible. Es imposible que un país con la mayoría de sus niños y niñas fuera de la escuela sea un país justo, sostenible, igualitario o seguro.
Por supuesto, la desigualdad de género también está presente en el tema educativo. Y es que las niñas tienen todavía más dificultades que los niños para poder ir al colegio. Las niñas, por el hecho de serlo, se ven expuestas a grandes peligros como el matrimonio infantil o la violencia de género, algo que complica mucho que puedan acabar sus estudios. Además, en países como Guinea Ecuatorial o Tanzania, las niñas tienen prohibido ir a la escuela desde el momento que se quedan embarazadas, algo muy representativo teniendo en cuenta que son países con tasas muy altas de embarazos infantiles y adolescentes.
Otro problema que agrava la situación educativa mundial son los conflictos bélicos. Ir a la escuela en países en conflicto se ha convertido en algo verdaderamente complicado y peligroso. Se calcula que el 50% de los menores que no van a la escuela primaria viven en zonas con conflictos armados.
El no ir a la escuela tiene graves consecuencias, tanto para los propios niños y niñas, que tienen muchas más probabilidades de caer en trabajos forzados, en tramas de tratas o en guerrillas, como para la sociedad en general, que se perpetúa como una sociedad fácil de manipular, sin una base social sólida con protección a los derechos humanos, sin ningún tipo de garantía política o económica de cara a mercados extranjeros y con altos índices de criminalidad y pobreza.
Evidentemente, la pandemia que hemos atravesado, no ha hecho más que empeorar la situación, que ya de por sí era muy lamentable. En 2020, a medida que la pandemia de la Covid-19 se propagaba por todo el planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91% de los estudiantes en todo el mundo. En abril de 2020, unos 1600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela.
En muchas de las áreas geográficas muchos de estos estudiantes no han tenido la oportunidad todavía de volver de manera definitiva, y no sólo en los países con menos recursos que se han mencionado, sino también en muchas zonas del sur de Asia o del Caribe, donde no había tasas tan altas de niños y niñas fuera de la escuela antes de la pandemia. Uno de los motivos del incremento de tasas de absentismo escolar ha sido la famosa "brecha digital".
La pandemia ha puesto de relieve una vez más que el derecho al acceso a Internet es fundamental y no es para nada equitativo y, en particular para las personas que habitan las zonas más rurales, y para la población infantil, ha supuesto un verdadero problema para continuar accediendo al sistema educativo.
Se ha calculado que reducir y cerrar esta brecha disminuiría en más de dos tercios el número de población infantil que actualmente no tiene acceso a la educación.
Por último, pero igual de fundamental, es la necesidad de poder garantizar el acceso a la educación a la población con diversidad funcional. Las personas con distintas capacidades deben poder acceder a una educación en igualdad de condiciones. Esto, que siempre está sobre la mesa en los países con recursos altos, por desgracia, es algo totalmente olvidado en los países con pocos recursos, donde también hay niños y niñas con necesidades distintas y capacidades especiales.
Si queremos que el ODS 4 sea una realidad, es necesario garantizar una educación de calidad y ajustada a todos, una educación equitativa, igualitaria e inclusiva.
Sin embargo, a día de hoy, la inmensa mayoría de los esfuerzos para reducir tanto la brecha digital, como la tasa de absentismo escolar, siguen estando en manos de las organizaciones no lucrativas que luchan por conseguir fondos para mejorar esta situación en determinadas comunidades, colectivos, o áreas geográficas.
Pese a que sus esfuerzos son totalmente relevantes e imprescindibles, no son suficientes si no van acompañados de un verdadero apoyo institucional. Los gobiernos deben intervenir y asumir que este es un grave problema que acarrea otros muchísimos y que deja a 258 millones de niños y niñas, y por tanto, de futuras familias, sin recursos para poder obtener un trabajo digno que les permita vivir sin problemas. Se debe invertir en educación y en programas sociales que acerquen el ámbito educativo a los lugares con menos recursos. Se debe democratizar la educación de calidad, en valores, y respetando a todos, sin importar sus condiciones.
Una buena solución son las alianzas, los programas financiados por grandes empresas a quienes les interesa atraer talento, los programas educativos que se implementan en colegios de lugares con menos recursos. Las ayudas a familias para que puedan enviar a sus hijos al colegio y no tengan que hacerlos trabajar para poder subsistir.
Hay mcuho por hacer y en las alianzas está la clave.
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